PRIORIDAD
Teniendo en cuenta el ámbito educativo, sus expectativas, retos, contexto socio-cultural y económico, podemos evidenciar serias diferencias educacionales entre los sectores público y privado; en el caso de las escuelas, colegios y universidades del estado, en su gran mayoría, padecen de deficiencias presupuestarias que afectan la calidad en infraestructura, recursos didácticos y recurso humano, por ende, también en el desarrollo de competencias de sus estudiantes, dichas deficiencias generan conflictos sociales, económicos y familiares que reflejan gran parte de nuestro entorno nacional. “Es una realidad innegable que, por ejemplo, la Universidad Nacional, sede Bogotá, presenta una situación crítica en materia de infraestructura, que varios edificios se caen a pedazos y que hoy requiere alrededor dos billones de pesos para subsanar tal situación (http://goo.gl/2kavyF). Recientemente el Sistema de Universidades Estatales (SUE) publicó un estudio en el que valoró en 11,3 billones de pesos el desfinanciamiento de la educación superior pública (http://goo.gl/DD8cZm).”1
El sector privado por el contrario, tiene la facilidad económica de invertir en todo aquello en lo que falla el sector público, y es ahí donde surge el modelo empresarial educativo, es decir, empresas constituidas legalmente cuyo objeto social es el educacional y del cual se recibe un “lucro”, entonces, ¿Qué hacer en caso de que un estudiante de una institución como esta, falte a las normas de convivencia (reglamento) y rete a toda la comunidad educativa (docentes, administrativos, padres de familia, etc) solo porque es un “cliente” cuyos aportes económicos superan los estándares normales?
Este dilema parece influenciar el comportamiento ético de cada uno de los participantes, por un lado, la familia apelando por su hijo(a) ante el consejo directivo por altas inversiones y “colaboración” con la institución, por otro lado, el consejo directivo que tiene la enorme responsabilidad de mantener la empresa y decidir correctamente el rumbo de cada uno de los integrantes de la comunidad, y por último, los docentes, quienes podrían sentir atropello a su persona y a su profesión por hacer omisión de responsabilidades al involucrado. ¿Cuál debería ser entonces la prioridad?
